Lorenzetti sobre García Mansilla: “Nunca aceptaría ser designado por decreto”

Lorenzetti sobre García Mansilla

¿Cual fue la declaración de Lorenzetti sobre García Mansilla? El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se pronunció con firmeza respecto a la polémica designación de su colega Manuel García Mansilla, quien había sido nominado por el presidente Javier Milei mediante decreto para integrar el máximo tribunal. Tras el rechazo del Senado a su pliego, Lorenzetti expresó que él jamás aceptaría ser designado de esa manera, marcando una clara diferencia institucional y ética con la decisión de su par.

En declaraciones realizadas el día después de la votación en la Cámara Alta, Lorenzetti dejó en claro su postura sobre la legalidad y la legitimidad de las designaciones en la Corte Suprema, en un momento de fuerte tensión entre los poderes del Estado.


La frase que encendió la polémica

Durante una breve conversación con periodistas judiciales, Ricardo Lorenzetti fue tajante:

“Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

La afirmación llegó tras el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, quienes fueron propuestos por el Ejecutivo para ocupar vacantes en la Corte Suprema, pero no lograron el respaldo necesario en el Senado.


¿Quién es Ricardo Lorenzetti?

Ricardo Lorenzetti es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2004, y se desempeñó como su presidente entre 2007 y 2018. Es una de las figuras más influyentes del Poder Judicial argentino, con una trayectoria marcada por su defensa de la independencia judicial y el respeto al sistema republicano.

Sus declaraciones suelen tener un peso institucional importante, y en este caso, representan un mensaje claro al Poder Ejecutivo y a quienes aceptan asumir cargos sin la debida validación legislativa.


Contexto: la designación por decreto de García Mansilla

El presidente Javier Milei firmó un decreto para designar a Manuel García Mansilla como juez de la Corte Suprema “en comisión”, una figura legalmente polémica que se utiliza en casos de receso parlamentario o emergencia institucional.

Sin embargo, el Senado no convalidó el pliego, y diversos sectores advirtieron que la designación carecía de legitimidad, ya que no se había respetado el proceso constitucional previsto en el artículo 99, inciso 4, que exige acuerdo del Senado con mayoría especial.


El rechazo del Senado: un revés para el Gobierno

En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación rechazó los pliegos de ambos jueces propuestos por Milei:

  • Ariel Lijo: 43 votos negativos
  • Manuel García Mansilla: 51 votos negativos

El rechazo evidenció la falta de consensos del oficialismo en la Cámara Alta, y generó una ola de críticas por la estrategia de designaciones por decreto, considerada por muchos como una forma de eludir el control parlamentario.


La reacción de Lorenzetti: institucionalismo por encima de todo

Al ser consultado sobre qué haría si estuviera en el lugar de García Mansilla, Lorenzetti respondió con claridad institucional:

“Es una decisión personal que él deberá evaluar. Pero yo nunca aceptaría una designación por decreto”.

Además, aclaró que el funcionamiento del tribunal no está comprometido, pese a las vacantes:

“La Corte está funcionando correctamente. Somos un tribunal que actúa con independencia y conforme a derecho”.

Sus palabras marcan una clara toma de posición dentro del propio tribunal, y suman presión sobre García Mansilla, quien aún no se pronunció públicamente tras el rechazo legislativo.


¿Qué pasará con García Mansilla?

Hasta el momento, Manuel García Mansilla no presentó su renuncia formal, aunque desde su entorno indican que estaría analizando su futuro, especialmente luego de la derrota política que significó el rechazo de su pliego.

Sumado a esto:

  • Enfrenta una medida cautelar judicial que le impide ejercer funciones
  • Carece del respaldo parlamentario necesario para validar su nombramiento
  • Ahora también se suma la crítica de sus propios colegas de la Corte

La presión para que renuncie formalmente es creciente, y su permanencia en el cargo podría debilitar la imagen del tribunal.


¿Qué dice la Constitución sobre las designaciones?

La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 4, establece que los jueces de la Corte Suprema deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado con mayoría especial de dos tercios.

El uso del decreto de necesidad y urgencia (DNU) o designación en comisión es una figura controvertida que, si bien tiene antecedentes, ha sido ampliamente criticada por los sectores más institucionalistas del país.

Lorenzetti se suma ahora a esa línea, reforzando la idea de que la designación de jueces no debe estar sujeta a atajos políticos.


Un mensaje hacia el interior del Poder Judicial

La declaración de Lorenzetti también tiene peso dentro del sistema judicial. Marca una línea de conducta que insta a respetar los mecanismos constitucionales, y a no aceptar cargos que no cuenten con el aval correspondiente del Congreso.

Esto puede tener repercusiones en futuros nombramientos, y en la imagen pública del propio Poder Judicial, que enfrenta niveles de desconfianza altos en la opinión pública.


Repercusiones políticas

Las palabras de Lorenzetti fueron bien recibidas por:

  • Legisladores de la oposición que rechazaron los pliegos
  • Referentes del constitucionalismo
  • Organismos que velan por la transparencia institucional

En tanto, desde el oficialismo evitaron responder directamente, aunque se percibe malestar por el quiebre institucional que provocó el fallido intento de designación.


Conclusión: una frase que define un momento institucional clave

La frase de Lorenzetti sobre García Mansilla —“Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”— no solo es una crítica directa a la decisión del juez propuesto, sino también una defensa del equilibrio republicano.

En un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la postura de Lorenzetti es un llamado de atención a respetar los procedimientos, garantizar la independencia de los poderes y proteger la legitimidad de las instituciones.