La situación de los pozos petroleros abandonados en La Pampa volvió al centro del debate público y legislativo. Un grupo de diputadas del radicalismo y el Pro presentaron un proyecto de informe en la Legislatura provincial para exigir respuestas al Poder Ejecutivo sobre el estado actual de estas perforaciones inactivas, muchas de las cuales representan un riesgo ambiental significativo.
Según información difundida por el bloque radical, en la provincia existen 2.170 perforaciones totales, de las cuales alrededor de 197 pozos se encuentran inactivos o en estado de abandono. Esta condición puede generar problemas graves como contaminación del suelo y agua, pérdida de biodiversidad y riesgo directo para comunidades cercanas.
¿Qué se está reclamando?
El proyecto de resolución fue impulsado por la diputada radical Gisela Cuadrado, y cuenta con el respaldo de sus colegas Javier Torroba, Celeste Rivas y Noelia Viara. En el documento, se solicita al Ejecutivo provincial:
- ✅ Un listado completo de pozos abandonados con su ubicación y estado actual
- ✅ Información sobre acciones correctivas o preventivas realizadas por el Estado o las operadoras
- ✅ Un informe técnico detallado sobre los pasivos ambientales asociados
- ✅ Un cronograma oficial con plazos para remediar los impactos generados
Este pedido busca garantizar transparencia y control sobre una actividad que deja huellas invisibles pero peligrosas, como señaló Cuadrado en su exposición.
¿Qué es un pozo petrolero abandonado?
Un pozo petrolero se considera abandonado cuando cesa la actividad extractiva por falta de productividad o agotamiento del recurso, y la empresa operadora no realiza tareas de sellado, saneamiento o recuperación ambiental. En muchos casos, las compañías dejan estas perforaciones sin clausura adecuada, lo que puede generar:
- Filtraciones de hidrocarburos
- Emisiones de gases contaminantes
- Contaminación de napas subterráneas
- Degradación del ecosistema circundante
- Riesgos para la salud humana y animal
La falta de seguimiento estatal y la ausencia de información pública clara agravan el problema.
La dimensión del problema en La Pampa
En La Pampa hay 2.170 perforaciones registradas, según datos legislativos. De ellas, 197 están inactivas o abandonadas, es decir, casi el 10% del total. Esta proporción es preocupante si se considera que muchos de estos pozos se encuentran en zonas rurales o cercanas a comunidades, y que no se cuenta con un monitoreo ambiental constante.
Además, no hay información pública actualizada sobre cuántos de estos pozos fueron correctamente cerrados o sellados, ni cuál es la responsabilidad de las operadoras en estos casos.
Legisladores exigen respuestas
Durante la presentación del proyecto en la Cámara, Gisela Cuadrado fue contundente:
“El abandono petrolero deja huellas invisibles pero peligrosas. Prevenir la contaminación es responsabilidad del Estado. No hay futuro sin justicia ambiental”.
La legisladora también cuestionó la falta de regulación clara y seguimiento efectivo, y remarcó la necesidad de contar con un registro oficial y accesible para la ciudadanía.
El pedido incluye además el reclamo de sanciones para las empresas que no cumplan con los protocolos de cierre, y exige al Ejecutivo que se publiquen los resultados de las inspecciones ambientales realizadas en los últimos años.
Impacto ambiental y social
Los pozos petroleros abandonados en La Pampa representan un riesgo latente. Su presencia puede causar:
- Contaminación de napas subterráneas con residuos químicos
- Emisión de gases como metano y compuestos volátiles
- Degradación del suelo agrícola
- Pérdida de biodiversidad
- Riesgos de accidentes para personas y animales
Según informes de organizaciones ambientales como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el impacto de los pasivos petroleros abandonados es una de las principales deudas ambientales en regiones con explotación fósil.
¿Qué debería hacerse con un pozo inactivo?
Cuando un pozo deja de ser rentable, las empresas deben cerrarlo siguiendo protocolos técnicos estrictos. Esto incluye:
- Taponar la perforación con cemento
- Retirar equipos y estructuras
- Restaurar la superficie afectada
- Monitorear la zona durante al menos 5 años
- Presentar un informe de impacto y remediación
En muchos casos, las operadoras incumplen estas obligaciones, y los gobiernos provinciales carecen de recursos o voluntad para hacer cumplir la normativa.
El rol del Estado provincial
En La Pampa, el control de la actividad hidrocarburífera recae en la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, dependiente del Ministerio de la Producción. Sin embargo, hasta ahora no se ha difundido un informe público detallado sobre los pozos abandonados ni los pasivos ambientales asociados.
El proyecto presentado por los legisladores busca justamente forzar al Ejecutivo a rendir cuentas, y activar mecanismos para evitar una futura crisis ambiental.
¿Qué pasa en otras provincias?
El problema de los pozos abandonados no es exclusivo de La Pampa. En provincias como Neuquén, Mendoza y Chubut, también existen centenares de perforaciones inactivas sin cierre formal.
En algunos casos, las autoridades locales han comenzado planes de remediación financiados con fondos públicos, lo que implica que el costo ambiental lo terminan pagando los ciudadanos.
Por eso, la iniciativa pampeana se enmarca en una demanda nacional de mayor regulación y control sobre las petroleras y sus responsabilidades post-extractivas.
Conclusión: una deuda ambiental que exige respuestas
El pedido de informes presentado en la Legislatura expone una realidad que ya no puede ser ignorada. Los pozos petroleros abandonados en La Pampa son una amenaza silenciosa que debe ser abordada con políticas claras, monitoreo ambiental, sanciones efectivas y participación ciudadana.
La prevención, como bien dijeron las legisladoras, es la única forma de evitar desastres ecológicos futuros. Y la justicia ambiental no es un eslogan: es un derecho que la sociedad pampeana debe exigir y proteger.